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Monegro resalta que la pobreza se reduce con desarrollo productivo, y la mejor política antipobreza es propiciar la inclusión laboral. EFE/Orlando Barría

Economista plantea que pese al crecimiento, la distribución de la riqueza no es equitativa

Escrito por: MAYELIN ACOSTA GUZMÁN ( m.acosta@hoy.com.do)
República Dominicana enfrenta una baja sensibilidad de la pobreza frente al crecimiento, es decir, que el nivel de pobreza no se corresponde con la velocidad del crecimiento logrado en las últimas décadas, uno de los principales retos que debe enfrentar el Gobierno a iniciarse el 16 de agosto.

Así lo afirma el economista Juan T. Monegro, quien resalta que el crecimiento ha impactado, en gran medida, la reducción de la pobreza, pero a pesar del crecimiento, el problema es persistente, pues el patrón de distribución de riqueza es inequitativo y además el país ocupa la posición 24 de 101 países con peor índice Gini, indicador que mide la desigualdad de los ingresos dentro de un país.

Resaltó que la pobreza baja con desarrollo productivo y la mejor política antipobreza es la propiciación de la inclusión laboral, en que el crecimiento aporte empleos de calidad y mejoras en el salario real.

Dijo que la pobreza se reduce con una política social robusta. “La mejor política antipobreza es la educación de calidad. El monto del gasto importa, ¡y mucho!, pero es más que eso”, expresó.

Agregó que la pobreza se baja con desarrollo institucional. Consideró que la mejor política antipobreza es la transparencia y la efectividad de la gestión pública, orientada a resultados.

Monegro dio a conocer estos detalles durante su conferencia “Igualdad social en los instrumentos de la planificación: Los desafíos”, durante el IV Seminario permanente de economía, desarrollo y ambiente realizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).

Resaltó que el país debe pasar del “dicho al hecho” y enfrentar grandes desafíos como elevar capacidad y calidad del gasto, además, mejorar la calidad del Gobierno y la efectividad de la gestión.

Baja presión tributaria. Monegro, quien es director general de Desarrollo Económico y Social del Ministerio de Economía, resaltó que en el país hay muy baja presión tributaria, lo cual lleva a poca capacidad para financiar las políticas públicas.

Señaló que la presión tributaria ronda el 13%, la más baja de Centroamérica, después de Guatemala y Panamá. Mencionó que esta baja presión tributaria explica que el gasto social, como porcentaje del PIB, sea también bajo, y en la actualidad se sitúa en torno al 8 por ciento.

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Reforma fiscal

El economista planteó en su discurso que es necesario realizar una reforma fiscal integral (que esté centrada en la calidad del gasto y en asegurar una mayor presión tributaria), cuestión de que se pueda sostener la financiación de las políticas sociales. Dijo que esta reforma habrá de considerar, además, temas como el de la evasión y la elusión tributaria. Además, habrá de incluir señales convincentes que aseguren la calidad, transparencia, racionalidad y calidad del gasto por parte de las instituciones gubernamentales.

Marino Hernández, Enrique Paris, Ramón Ventura Camejo, José María Sosa Vásquez y Javier Cabreja.

Empleo público supera 13% de la PEA y las remuneraciones son hechas de modo inorgánico

Escrito por: ÁNGELA ROSSÓ (a.rosso@hoy.com)
Uno de cada 4 pesos del gasto público dominicano se destina al pago de salarios, lo que representa más del 4% del Producto Interno Bruto (PIB).

Según el especialista chileno Enrique Paris, este gasto salarial se caracteriza por una alta variabilidad.

En los últimos 10 años el personal sector público aumentó en 50% y actualmente la dotación supera 550,000 efectivos. El empleo público supera el 13% de la población económicamente activa y las remuneraciones han sido hechas de modo inorgánico, dijo.

Agregó que es necesario que se apruebe el proyecto de la Ley General de Salarios, porque entre otras obligaciones, el proyecto de ley establece un marco regulador común en materia salarial. También establece disposiciones generales para conseguir un ordenamiento y normalización del sistema salarial.

Según Paris, la aprobación de esa iniciativa no solo evitaría los riesgos de corrupción, sino también haría que la ciudadanía se sienta más cerca del Gobierno y desconfíe menos de éste.

Paris pronunció la conferencia “Ley General de Salarios como mecanismo de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública”, en la cual estuvieron presentes el ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo; director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja; el presidente de la Comisión de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones del Senado, José María Sosa Vásquez, y el diputado Marino Hernández Alberto.

Paris explicó que el proyecto de ley extiende su aplicación a los agregados institucionales definidos en la Ley de Presupuesto y de Planificación e Inversión Pública. Comprende al Gobierno central, a instituciones descentralizadas y autónomas, instituciones públicas de seguridad social, empresas públicas no financieras, ayuntamientos municipales, distritos municipales y el Distrito Nacional.

Quedan excluidos el Banco Central, los bancos de Reservas, Nacional de la Vivienda y Agrícola, empresas públicas financieras, distribuidoras de energía y las descentralizadas autónomas financieras del Estado.

Auto asignación. El especialista indicó, además, que es importante impedir que las autoridades públicas tengan facultades para fijarse por sí mismas las remuneraciones, y que esa práctica no debieran de existir en el país. “porque ningún trabajador privado se fija remuneración, entonces con mayor razón un servidor público no debería tener el derecho o la posibilidad de auto asignarse”.

Paris insistió en que la Ley de Función Pública 41-08, dota al Ministerio de Administración Pública de las facultades para compilar información sobre los sueldos de los servidores públicos y darla a conocer periódicamente.

“La ley establece que funcionarios que desempeñan la misma función en diferentes instituciones del Estado ganen la misma remuneración, y si ganan salarios diferentes, obliga a que dé una explicación en donde radica esa diferencia”, indicó el experto.

Recordó que en otros países de América Latina donde existía esa diferencia se comenzaron a preguntar “por qué un ministro de Finanzas gana más que uno de Educación?

¿Acaso la educación tiene menos valor que las finanzas, o la cultura tiene menos importancia que el deporte?”, se preguntó el conferencista.

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El Senado

El presidente de la comisión de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones del Senado, José María Sosa Vásquez, indicó que el proyecto de la Ley General de Salarios podría ser aprobado este mes o el próximo, pero que antes escucharán a los representantes de la sociedad civil. Dijo que en caso de haya otros sectores interesados en conocerlo, abrirán una vista pública. Vásquez indicó que este fin de semana estudiarán el proyecto para comenzar a conocerlo la próxima semana.


Dos entidades financieras firmaron un acuerdo para facilitar créditos a personas de clases media y baja en el país.La Asociación La Nacional y la Corporación Financiera Internacional con sus siglas en inglés (IFC) firmaron un acuerdo a través del cual se comprometen a buscar la manera de desarrollar una relación de negocios que permita destinar fondos a la clase media y baja, así como a los pequeños comercios.

Además, el acuerdo firmado por el vicepresidente ejecutivo de la Asociación, Francisco Melo Chalas, y el representante de la IFC en el país, Ary Naim, tiene como objetivo disponer de un capital que pueda ser utilizado para financiar viviendas económicas de hasta 2.3 millones, con tasas fijas a largo plazo para la clase media baja. Esta iniciativa incluye financiamientos de hasta RD$500,000 para pequeños comercios. “La Asociación La Nacional es la primera entidad en el país que establece una relación de negocios con una multilateral como la IFC”, dice una nota de la entidad financiera.

Codopyme afirma que sólo cumplir con la ley de compras gubernamentales generaría 400 mil empleos en cuatro años

Escrito por: EMILIO ORTIZ (economía@elnacional.com.do)
La Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) le puso cifras a las promesas realizadas por el presidente electo Danilo Medina, al plantear que sólo el cumplimiento del mandato legal que asigna el 15 por ciento de las compras gubernamentales a ese sector, le permitiría cumplir con su aspiración de crear 400 mil empleos en cuatro años.

Los principales directivos de Codopyme indicaron que según cálculos realizados, las compras consolidadas del Estado cada año rondan los 100 mil millones de pesos, por lo que de acuerdo con una ley vigente, el 15 por ciento, o sea, 15 mil millones de pesos en bienes y servicios, deberían ser adquiridos en ese sector.

Argumentaron que un volumen de compras de 15 mil millones de pesos cada año permitiría a ese sector la generación de 100 mil empleos en ese mismo periodo, por lo que estimaron que “sólo con el cumplimiento de ese mandato legal le permitiría al presidente electo cumplir con su promesa de generar 400 mil empleos en cuatro años”.

Indicaron que actualmente, de un volumen de compras gubernamentales que ronda los 100 mil millones de pesos anualmente, a ese sector apenas el Gobierno le compra mil millones de pesos, que equivale al uno por ciento del total.

De igual modo, los directivos de Codopyme desafiaron a los responsables de las compras gubernamentales a demostrar que la razón por la cual no adquieren producto en el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas es por la carencia de calidad de los bienes y servicios que ofertan.

Citaron el caso de un ministro de las Fuerzas Armadas que dijo que las botas que se fabricaban en el país no tenían calidad y sin embargo, eran adquiridas por empresas que consolidan suministros para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Los planteamientos de los directivos de Codopyme fueron realizados durante su participación ayer en el almuerzo semanal de los medios de comunicación del Grupo Corripio, donde expresaron su esperanza de que la promulgación del reglamento de aplicación de la Ley de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, pueda servir para impulsar el tránsito de ese sector a ser un generador pleno de empleos de calidad.

Los directivos de Codopyme participantes en la actividad fueron Francisco Capellán, presidente; Issaachart Burgos, asesor y representante del sector cooparativas; Eduardo Martínez, tesorero y representante del sector textil; Verónica Sensión, vice-secretaria y representante de Mujeres Empresarias; Manolo Troncoso, presidente de Fenacodep y representante del sector comercio; y Yuri Chez, presidente de Asonaimco y representante del sector Industrial.

Troncoso, al intervenir dijo que el sector de las mipymes está en capacidad, por sí sólo, de generar los empleos de calidad a los que aspira crear el presidente electo, debido a que está compuesto de más de 600 mil unidades de las cuales sólo unas 50 mil cotizan a la Tesorería de la Seguridad Social.

Precisó que la informalidad en ese sector es causada por la existencia de leyes que paradójicamente los penalizan drásticamente.

Propuso la realización de una reforma en la cual se propongan leyes de incentivo dirigidas a eliminar esas penalizaciones, como es la reducción del monto del impuesto sobre la renta, de los activos fijos y de los anticipos.

Burgos, en su intervención dijo que pese a que más del 50 por ciento de los empleos que genera ese sector son informales, abarca el 70 por ciento de los empleos formales.

Destacó el hecho de que el 86 por ciento de las cotizaciones al sistema de seguridad social son realizadas por empresas que tienen menos de 20 empleados.

Un Apunte

Los pupitres de Educación

Los directivos de Codopyme denunciaron que el Ministerio de Educación paga a 30 dólares los pupitres de plástico fabricados en China y cuyo valor es de 8.50 dólares puestos en puerto local y que dicen carecen de la calidad que tienen los fabricados localmente.